Los comportamientos antisociales deben ser atendidos por la primera autoridad encargada de promover la cohesión social, mediante la autoridad encargada de promover la cohesión social, mediante la aplicación de la Ley. En esta condición, los municipios deben generar las normas jurídicas que bajo el principio de legalidad den certeza a los ciudadanos de su actuación y de las acciones u omisiones que estos deben observar como particulares, para participar en la cultura de la paz y legalidad.