La Ley es la máxima garantía de los ciudadanos acerca de la actuación legal del Estado, pero también representa las normas de convivencia mínimas de las relaciones sociales. Las condiciones de inseguridad que aquejan a otras entidades derivan de comportamientos que deben ser sancionados en nuestra legislación punitiva para estar adecuada al uso de tecnologías y nuevas formas delincuenciales, especialmente cuando se manifiestan por grupos que operan local e incluso desde fuera de nuestra entidad.